Las infraestructuras a examen. Eficiencia en la conservación de carreteras.

En una época económicamente convulsa, con el telón de fondo de una de las peores crisis de la historia, toca hacer examen de conciencia.

En los últimos veinte años de nuestra reciente historia hemos vivido unos años de crecimiento descontrolado y desde mi punto de vista, mal financiado. Un déficit enorme de infraestructuras, una pobre productividad y una economía al borde del colapso fueron el caldo de cultivo para el desarrollismo que, abonado con un flujo incesante de fondos europeos, nos ha llevado a la situación actual. 

En el año 2009 disponíamos de una red de carreteras con 165.466 km los cuales 15.621 correspondían a vías de gran capacidad. En el periodo comprendido entre 1992 y 2009 se produjo un aumento de un 4,51 % de la red total y un 123,54% de la red de gran capacidad.

Evolución de la Red de la red de carreteras de gran capacidad según titularidad. Fuente: Ministerio de Fomento

El crecimiento brutal de carreteras de gran capacidad desligado del crecimiento real de la economía, presenta dos grandes problemas a corto y medio plazo. En primer lugar, un aumento tan vertiginoso del nivel de inversión unido a la disminución de los fondos europeos ha provocado incurrir en déficit y aumentar considerablemente el endeudamiento. En segundo lugar, la construcción de un patrimonio viario de altas prestaciones conlleva un enorme aumento de gastos de mantenimiento y explotación.

Evolución de la aportación de fondos europeos a España. Fuente: “Menos fondos europeos para España”, Juan Carlos Martínez Lázaro

En esta situación y en un entorno de restricción presupuestaria es necesario imponer la austeridad y la eficiencia en la conservación de nuestras carreteras.

Para hacer frente a este reto nos encontramos con una legislación creada, casi en su totalidad, para las nuevas construcciones. Por tanto se hace necesario un cambio de mentalidad unido a un cambio en la normativa vigente.

Los principales pilares que deberían regir este cambio serían:

• Agilidad en la tramitación. Se debe estipular el proceso de tramitación más eficiente para cada problema. La sustitución de una señal por poca visibilidad no puede requerir el mismo proceso de tramitación que la construcción de un enlace. 
• Ser austeros sin caer en la racanería poco productiva. Esto implica la necesidad de realizar lo estrictamente necesario pero sin escatimar medios para cumplir con los objetivos de calidad y durabilidad fijados. 
• Evitar los proyectos como “cajón de sastre”. Es muy ineficiente utilizar recursos en aspectos para los que no han sido destinados. Es decir llevar a cabo actuaciones que cubren intereses particulares o de otras administraciones con presupuesto de la Dirección General de Carreteras. 
• Priorizar las actuaciones. No todas las actuaciones deben requerir el mismo nivel de atención siendo prioritarias las que conllevan mejora de la seguridad vial y aquellas que en caso de no realizarse, provocarían una pérdida de valor patrimonial. 
• Controlar y racionalizar los procesos. Con el paso del tiempo, los proyectos y órdenes de estudio pueden perder vigencia por lo que se debe estudiar su actualización o incluso su rechazo, ya que puede ser que la solución no se adapte a las nuevas condiciones de contorno. 
• Valorar los resultados obtenidos. Para que el cambio sea profundo y duradero es necesario que se produzca una revisión periódica de los resultados de las actuaciones. Los proyectos modificados, las resoluciones o las reclamaciones son una buena medida de la falta de eficiencia de un proyecto. 

En este contexto, se aprueba por ORDEN FOM/3317/2010, de 17 de diciembre, la instrucción sobre las medidas específicas para la mejora de la eficiencia en la ejecución de las obras públicas de infraestructuras ferroviarias, carreteras y aeropuertos del Ministerio de Fomento.

La mayor novedad introducida en la citada normativa es la inclusión de parámetros de eficiencia para estudios y proyectos. Dichos parámetros, establecidos de forma objetiva por la Administración, permiten la racionalización y normalización de determinados aspectos de los proyectos.

La publicación de esta normativa de obligado cumplimiento, no debe suponer un fin en si mismo si no un buen punto de partida para conseguir un uso más racional de los recursos.

Es deseable que la voluntad legisladora continúe este camino y lo complemente con la redacción de normativa específica para la conservación. Sin ella, la eficiencia a la hora de conservar nuestro extenso patrimonio está herida de muerte desde su nacimiento ya que vivir en la excepcionalidad de una normativa redactada para la construcción supone una pérdida continua de eficiencia.